Los detalles de las reformas a los códigos orgánicos Procesal Penal y de Justicia Militar

VENEZUELACOOL.COM.VE - El Parlamento de Venezuela aprobó este jueves una reforma al Código Orgánico Procesal Penal, que mejora, según el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, los derechos de los ciudadanos.
 
"Esta reforma implica el incremento del derecho del ciudadano común, la adjudicación de herramientas suficientes o en todo caso de herramientas útiles para prevenir el abuso de autoridad o cualquier dilación en el debido proceso", sentenció Rodríguez luego de aprobar la norma con mayoría calificada, citado por la agencia EFE.

La reforma al Código Orgánico Procesal Penal establece, entre otras cosas, una disminución a la discrecionalidad del Ministerio Público, la prohibición de que civiles puedan ser juzgados en tribunales militares y una reducción en los lapsos de audiencia, tal como explicaron los parlamentarios.

La norma, que rige el sistema legal venezolano, fue sancionada en la primera sesión ordinaria del segundo período de sesiones de la Asamblea Nacional (Parlamento-AN).
 
El presidente de la Comisión Mixta encargada de revisar el bloque de leyes propuesto por la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial, diputado Pedro Carreño, dijo que se acabó la suerte de viacrucis que sufre el pueblo que experimenta un proceso penal por la falta de la presencia de la víctima. Agregó que se reducen los lapsos de 20 a 5 días para garantizar que se efectúen las audiencias en un tiempo justo y recalcó que este logro lo valorarán quienes tienen familiares privados de libertad.

Indicó que la reforma excluye las apelaciones de los fiscales del Ministerio Público con efectos suspensivos sobre las decisiones de los jueces.
Incorpora el acto de imputación sobre las premisas de que verdaderamente hay culpabilidad, “porque la Constitución establece que todos se presumen inocentes. Y se les quita a los operadores de justicia la discrecionalidad de tipificar los delitos. Tendrán que demostrarlo”, subrayó.

Para garantizar la presencia de las víctimas, Carreño dijo que esta reforma prevé que el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios, en todos los Circuitos Penales del país, tenga una oficina de notificación para las audiencias, presentaciones y también para las libertades.

El parlamentario refirió que se crea la Oficina de la Comisionaduría de Derechos Humanos para todas las sedes de delegaciones y comandos de cualquier organismo policial (policía nacional, regional, municipal y científica), que actuará como órgano de control ante la vulneración de derechos fundamentales de la víctima.

Durante la sesión de este martes, los parlamentarios venezolanos aprobaron también otras cuatro leyes que forman parte de las presentadas por la comisión presidencial para la transformación del sistema de justicia, presidida por Diosdado Cabello.
En una sesión maratoniana sancionaron también el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Penitenciario, la Ley de Reforma de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la Ley Orgánica de Reforma de la Ley Orgánica de Justicia Militar y la Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Policía de Investigación Científica, Penal y Criminalística.

Este paquete de normas reformadas, y dos más, cuya discusión quedó diferida para la sesión de este viernes, forman parte de la propuesta presentada por Cabello ante la AN, quien en la sesión del 14 de septiembre aseguró que se trata de "cambios necesarios".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, Pedro Carreño, añadió que los cambios buscan reivindicar a "un pueblo que ha vivido penurias por falta de instrumentos jurídicos acordes con esta Constitución garantista".
Justicia Militar

La Asamblea nacional (AN) sancionó la Reforma del Código Orgánico de Justicia Militar, el cual establece que ningún civil podrá ser juzgado por tribunales militares, con lo que se subsana una antigua deuda con quienes fueron sometidos a injustos juicios por esta jurisdicción.

El presidente de la AN, diputado Jorge Rodríguez, destacó que con esta reforma se hace justicia a los padres de los venezolanos que perdieron su vida en las luchas por los ideales de igualdad y justicia, desaparecidos y torturados por centenas y miles en las décadas de los 60' y 70'.

Precisó que con esta sanción se rinde homenaje a miles de sometidos a juicios militares en esa época, bajo el falso eufemismo de rebelión militar, cuando en realidad se estaban rebelando al caudillismo, entreguismo y al lacayismo. "Las voces de quienes intentaron acallar hoy se expresan con más fuerza que nunca en la Asamblea Nacional", enfatizó el parlamentario.

En nombre de la oposición parlamentaria intervino el diputado Pedro Rojas, quien argumentó que estas fracciones llegaron al Parlamento a hacer lo correcto y no lo conveniente. Destacó que con este instrumento se subsanan situaciones que jamás debieron ocurrir, ya que desde ahora cada quien será juzgado por su juez natural, al establecerse que ningún civil podrá ser enjuiciado ante los tribunales con competencia en materia penal militar.

Calificó como una deuda con la ciudanía estas nuevas inclusiones en materia de derechos humanos, como la creación de tribunales que funcionen las 24 horas para la atención de las víctimas, acciones muy positivas que de manera directa lograrán que la acción de la justicia llegue más rápido y las responsabilidades sean revisadas correctamente.

Califico esta aprobación como un gran paso por parte de la actual AN, que tiene como norte al ciudadano venezolano, aun cuando están conscientes de que faltan por hacer más reformas legales.

El texto aprobado establece además que el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en caso de incurrir en hechos calificados y penados en este código, serán enjuiciados ante los tribunales penales ordinarios.

De igual forma se incluyó que cuando un hecho punible ha sido cometido por militares y por civiles, como autores y autoras principales o cómplices, serán enjuiciados en los tribunales penales ordinarios.

Establece también que estarán sometidos y sometidas a la jurisdicción militar las y los oficiales, especialistas, individuos de tropa o de marinería, sea cual fuere su jerarquía y la situación en que se encuentren; las alumnas y alumnos de las escuelas militares y navales de la República, por infracciones no previstas ni castigadas en los reglamentos de dichas escuelas y penados por el Código de Justicia Militar y demás leyes y reglamentos militares.

También entran en esta categoría quienes forman parte de las FANB con asimilación militar, así como los reos militares que cumplen condenas en establecimientos sujetos a la autoridad castrense.
Más Leyes

La Reforma del Código Orgánico Penitenciario (COP) abarca cinco artículos 37, 122, 125,138,161 e incluye uno nuevo que ordena la aplicación del lenguaje de género. Se establece el Régimen de Confianza Tutelado que consiste en la ubicación de la penada o el penado en un centro de producción o un área especial del régimen penitenciario, donde continuará con el cumplimiento de la pena. 

Contempla además que las infracciones disciplinarias serán sancionadas por las autoridades penitenciarias, las cuales pueden ser revisadas, a solicitud del sancionado, por la jueza o el juez de ejecución con competencia en el Centro Penitenciario.

La Ley de Protección a las Víctimas crea la Oficina de Atención a la Víctima en materia de Derechos Humanos, así como la Unidad Administradora de los Fondos para la Protección y Asistencia de las Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales.

La norma ahora brindará servicios de atención integral con equipos multidisciplinarios en el área jurídica y psicológica a las víctimas directas e indirectas. También recibirá, evaluará y tramitará ante los órganos competentes las solicitudes de medidas de protección y el seguimiento al trámite para la materialización de las medidas acordadas.

Por último, la AN sancionó la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, calificada por la máxima autoridad del Legislativo, Jorge Rodríguez, como un compendio jurídico relevante para el ejercicio y esclarecimiento científico de los delitos con miras a la aplicación de la justicia.
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