Michelle Bachelet preocupada por nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales
Bachelet se refirió a una operación que se registró en la parroquia La Vega, de la ciudad de de Caracas, en el mes de enero en donde "al menos 14 personas habrían muerto".
"Pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica", dijo.
La Alta comisionada pidió una vez más la «liberación incondicional» de todas las personas que fueron detenidas "arbitrariamente" y acogió el nuevo acceso de su oficina a los centros de detención policial.
Durante la actualización de su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela presentado este este jueves, alertó sobre la vulnerabilidad que enfrentan los venezolanos ante redes de tráfico y trata de migrantes.
Además de ello la Oficina de Bachelet en Ginebra ha recibido denuncias de represalias contra venezolanos que ha colaborado con su trabajo de seguimiento de la situación interna, así como contra personas que tuvieron alguna relación con una misión internacional que investiga las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esa Misión -que trabaja de forma independiente del organismo que dirige Bachelet, que le aporta únicamente apoyo técnico- se presentó en la víspera ante el mismo Consejo de Derechos Humanos para exponer los últimos resultados de sus pesquisas.
La denuncia más grave que hizo tuvo que ver con doscientas ejecuciones extrajudiciales desde el pasado septiembre por parte de las fuerzas de seguridad.
En su presentación de hoy, Bachelet aportó datos adicionales sobre las múltiples violaciones que ocurre en Venezuela, entre ellas 66 casos documentados de intimidación, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, activistas, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición.
Entre las víctimas también hay miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Por otra parte, la alta comisionada dijo que ha recibido datos que indica que el salario medio en Venezuela estaría por debajo de un dólar al mes, mientras que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800 % en el último año.
La consecuencia sería que un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria.
Consideró que, en este contexto, la asistencia humanitaria es más esencial que nunca y que por ello son preocupantes las restricciones dictadas por el gobierno al trabajo de las ONG, que incluyen la congelación de activos.
Sin embargo, Bachelet también pidió nuevamente que se levanten las sanciones económicas internacionales contra Venezuela y que se facilite el acceso de este país a las vacunas contra la covid-19.
Algunos representantes de ONG que tomaron la palabra después de Bachelet denunciaron que los planes de vacunación del gobierno están guiados por intereses políticos.
Los lotes de vacunas que ha recibido Venezuela hasta el momento han sido enviados por Rusia y corresponden a la vacuna que este país ha desarrollado.
Cuando le tocó intervenir, el embajador venezolano ante Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, sostuvo que el seguimiento que hace el Consejo de Derechos Humanos de su país es producto de una decisión tomada por «un grupo de países violadores de los derechos humanos».
Sostuvo que las observaciones de Bachelet «carecen de equilibrio», que reflejan «informaciones que no han sido verificadas» y que son producto de campañas de medios internacionales de prensa contra Venezuela.
Fuente: EFE
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