La CPI, en un comunicado, consideró las medidas estadounidenses como un intento por “interferir en el imperio de la ley” y las calificó de “inaceptables”.

Por su parte, el presidente del órgano legislativo de la corte, O-Gon Kwon, expresó que las sanciones obstaculizan el esfuerzo para combatir la impunidad de los responsables por atrocidades masivas.

Las medidas coercitivas autorizadas por el mandatario estadounidense incluyen la restricción de visados contra funcionarios de la Fiscalía encargados de la investigación a tropas estadounidenses por la guerra de Afganistán.

Otra decisión avalada por el presidente Trump constituye el bloqueo de propiedades que estos funcionarios de la CPI puedan tener bajo jurisdicción estadounidense.

Este anuncio se inscribe en el marco del avance de la investigación que inició la CPI en noviembre de 2017 por la guerra de Afganistán.

El pasado 5 de marzo la CPI aprobó la realización de pesquisas sobre los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado en Afganistán. La intervención militar en la nación asiática se llevó a cabo en 2001 por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) encabezada por EE.UU.

Frente a las acciones estadounidenses, la institución jurídica internacional expresó el respaldo a su personal. De igual forma manifestó que “se mantiene firme en su compromiso de cumplir, de manera independiente e imparcial, el mandato que le confiere el Estatuto de Roma y los Estados que son parte de él”.

El anuncio de Washington ha generado críticas de países como Venezuela. Este 11 de junio también se produjo la denuncia de la Unión Europea (UE).

El responsable de la diplomacia del bloque europeo, Josep Borrell, expresó su preocupación. “Como UE, apoyamos firmemente a la CPI. Puedo desde luego reiterar nuestro apoyo a esta institución, la Corte ha venido desempeñando un papel clave en impartir justicia internacional y lidiar con los crímenes internacionales”, señaló.